Acaso la historia de nuestro país, más que la de ningún otro en América Latina, permita demostrar en qué medida el empobrecimiento de la clase media fue el símbolo más claro de un proceso de destrucción de la estructura social más firme de las naciones americanas ubicadas al sur del Río Grande.

Al hacer un ejercicio comparativo entre la pirámide social de 1974 y la de 1980, se puede observar con claridad que, a principios de los setenta, y a pesar del incompleto proceso de sustitución de importaciones iniciado por el peronismo, la movilidad social ascendente se manifestaba en una clase media alta y media plena que llegaba a casi el 80 por ciento de la población. Efectivamente, no son datos extraídos de ninguna película de ficción, sino la expresión palpable de cómo la distribución de la renta y el poder del salario eran pilares fundamentales de una sociedad que, a pesar del convulsionado panorama político, veía a la democracia como una forma de representación individual y colectiva de un proyecto de país.

Sin embargo, esa situación comenzó a modificarse drásticamente entre 1974 y 1980, cuando, según los datos comparativos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, la política económica iniciada a fines del gobierno de Isabel fue profundizada por los militares mediante la valorización financiera del capital.

La comparación es inevitable y permite obtener conclusiones claras. En 1974 los sectores medios altos representaban el 38 por ciento de la población metropolitana, y los medios plenos, eran el 40 %; esto equivale a decir que en esa época 3 de cada cuatro argentinos estaban ubicados en esa franja de ingresos, que iban de un rango de 1800 a más de 12 mil pesos a valores equivalentes a los actuales.

Además, y para completar el cuadro de inclusión social, en ese año, 1974, sólo había 4 y 2 por ciento de pobreza e indigencia, respectivamente, y el desempleo y el empleo informal llegaban al 2,8 y al 17 por ciento, valores a los que muy difícilmente se pueda volver a llegar en un futuro cercano. Y en la brecha de ingresos, el 10 por ciento más acaudalado tan sólo superaba en doce veces lo que percibía el 10 por ciento más pobre de la sociedad.

Estos datos, tomados al azar y por sí solos no tendrían demasiado impacto, de no ser comparados inexorablemente con lo que sucede hoy en día, y permiten entender cómo el proceso de desarticulación social que profundizó la dictadura está latente, y sólo en los últimos tiempos, cuando la situación social se volvió más apremiante, se ha empezado a modificar.

A modo de ejemplo, según los últimos datos del INDEC, la brecha de ingresos entre los sectores altos y bajos se redujo en el último año de 36 a 31 veces, si bien la capacidad de compra del salario aún está por debajo de los previos a la crisis del 2001. Asimismo, el índice de pobreza disminuyó del 54% de la población que se registraba en el 2003 al 31,4 por ciento en mayo de este año.

Frente a este cuadro de situación, no hay que dejar de lado el efecto directo que la inflación produce sobre la masa de los asalariados, ya que produce una transferencia directa de ingresos hacia los sectores formadores de precios.

No alcanza sólo con lograr un crecimiento del Producto Bruto Interno durante varios años consecutivos si no se lo acompaña con un programa de medidas que permitan que ese incremento de la riqueza producida se reparta en forma más equitativa.

Es por eso que en el marco de la lucha distributiva entre los distintos sectores hay que avanzar hacia la recomposición de la situación laboral a través de la generación de empleo, la disminución del trabajo informal, la mejora en la calidad de los trabajos y la discusión de los sueldos en el marco del Consejo del Salario.

Todo ello, sumado a un régimen impositivo más distributivo y menos regresivo, al control de la inflación y la generación de políticas de contención social permitirán avanzar hacia una sociedad menos fragmentada y más inclusiva, con políticas de Estado que resulta imperioso sostener a mediano y largo plazo.

Ese es el desafío que tiene en el tiempo el programa de gobierno del presidente Néstor Kirchner, si es que pretende lograr el plafón político suficiente para consolidar su proyecto económico.