La reducción de becas así como de viandas para los estudiantes secundarios por parte de la gestión educativa de Macri, se enmarca en una serie de “medidas de hecho” que se han venido tomando en el conjunto de las políticas porteñas. Éstas evidencian repudiablemente la intencionalidad de excluir a los sectores más marginales de la población porteña de las instituciones públicas. Los discursos de la actual gestión acerca de la inclusión educativa, laboral o alimentaria, intentan encubrir los criterios de selección de aquellas personas a ser incluidas en sus programas. Esto podría traducirse en la afirmación, “la Ciudad incluirá, pero no a todos y no en todos los aspectos”. Basta mencionar el “congelamiento” de programas de acceso a la vivienda social (Ministerio de Desarrollo Urbano) – en contraposición a activas iniciativas de desalojo, o el recorte, la mayor burocratización y dificultad en el acceso a programas de asistencia social básica (Ministerio de Desarrollo Social).
Ante esto, es innegable que las políticas macristas, tanto en sus enunciados formales como en su implementación cotidiana, han puesto en marcha un proceso de exclusión de los hogares pobres de la Ciudad que tiende a profundizar la fragmentación social, la desigualdad y la discriminación, violando claramente los derechos humanos.