(Entrevista a la Lic.Adriana Puiggros, Diputada Nacional del Frente Grande-F.P.V. y Presidenta de la Comision de Educacion del Congreso de la Nacion. Realizada por Natalia Lofiego y Patricio Zarate, edicion y correccion Florencia Monis)

- ¿Cómo nació la iniciativa del proyecto de ley del boleto estudiantil?
Con el equipo con el que yo trabajo hace mucho tiempo que estábamos preocupados por este tema. Obviamente somos casi todos pedagogos y docentes así que es un tema muy sensible, entonces en cuanto llegamos acá inmediatamente me plantearon la posibilidad de hacer este proyecto y así salió.
- ¿Hay antecedentes en el país de proyectos de similares características?
Hay proyectos, sí, hay algunos otros proyectos, hubo otros. De alguna manera nosotros tratamos de sintetizar otros proyectos que se habían presentado y de buscarle una redacción y un sentido que sea viable.
- ¿De qué manera se instrumentaría técnicamente el acuerdo con las empresas? ¿A través de subsidios?
Bueno, eso es una cosa que hay que ver, pero me parece que en primer lugar tiene que haber una decisión, a través de la ley y luego el ejecutivo tiene que poner en marcha la serie de convenios que tenga que hacer con las empresas. Pero digamos que la ley lo que tiene que establecer es la obligatoriedad del boleto estudiantil gratuito. Una vez establecido eso, las empresas tendrán que cumplir con la obligatoriedad, en todo caso lo que el gobierno tendrá que hacer es ver la forma de control de que esto se cumpla. Y para el control entran varios organismos del gobierno, o sea la secretaria de transportes y el ministerio de educación. Pero además también, como los sistemas escolares están provincializados, es compleja la aplicación en cada provincia. Pero los gobiernos provinciales tendrán también que arbitrar los medios. Por eso no es una sola medida sino que para aplicar esta ley tendrá que haber un proceso de acatamiento por parte de cada una de las jurisdicciones y luego por parte de cada una de las empresas públicas o privadas prestadoras de servicios de transporte. lea el articulo completo »

La reducción de becas así como de viandas para los estudiantes secundarios por parte de la gestión educativa de Macri, se enmarca en una serie de “medidas de hecho” que se han venido tomando en el conjunto de las políticas porteñas. Éstas evidencian repudiablemente la intencionalidad de excluir a los sectores más marginales de la población porteña de las instituciones públicas. Los discursos de la actual gestión acerca de la inclusión educativa, laboral o alimentaria, intentan encubrir los criterios de selección de aquellas personas a ser incluidas en sus programas. Esto podría traducirse en la afirmación, “la Ciudad incluirá, pero no a todos y no en todos los aspectos”. Basta mencionar el “congelamiento” de programas de acceso a la vivienda social (Ministerio de Desarrollo Urbano) – en contraposición a activas iniciativas de desalojo, o el recorte, la mayor burocratización y dificultad en el acceso a programas de asistencia social básica (Ministerio de Desarrollo Social).
Ante esto, es innegable que las políticas macristas, tanto en sus enunciados formales como en su implementación cotidiana, han puesto en marcha un proceso de exclusión de los hogares pobres de la Ciudad que tiende a profundizar la fragmentación social, la desigualdad y la discriminación, violando claramente los derechos humanos.