La ciudad de Buenos Aires es el lugar de militancia activa del ministro de Trabajo desde hace años. Con el apoyo de diversas organizaciones sociales, sindicales y políticas sobre sus espaldas esta vez llega a un año electoral como precandidato a la Jefatura de Gobierno por el kirchnerismo. “Nos diferencian matices, pero nos une el proyecto nacional”, aseguró a Página/12 sobre los otros dos candidatos oficialistas: el senador Daniel Filmus y el ministro de Economía, Amado Boudou. Define al gobierno de Macri como “malo”, dice que el proyecto de la derecha en la ciudad “falló por culpa de sus propios hacedores” y reflexiona que “éste es el momento para que el kirchnerismo ingrese al Ejecutivo de la ciudad”.

–Se están sumando espacios políticos que lo apoyan como precandidato…

–Hay espacios que se han ido conformando como el Cabildo Abierto del peronismo porteño que ha hecho una expresión de su deseo de que yo me postule a jefe de Gobierno, así como también un grupo grande de organizaciones sociales. Es una cosa que valoro y agradezco y vamos a ir viendo cómo consolidamos esto en una decisión de avanzar en ese sentido, pero la verdad es que todos estamos trabajando en una idea muy clara, que es que quien va a disputar esta elección es el kirchnerismo, quien va a confrontar electoralmente con el actual gobierno de la ciudad es una fuerza política que es claramente el kirchnerismo porteño. Por eso el tema de los nombres no me parece relevante, en todo caso es bueno que militantes, hombres de gobierno, legisladores se estén planteando construir esta fuerza política como lo hacen Daniel Filmus o Amado Boudou, porque entre todos podemos hacer que la propuesta sea bien importante.

–¿Dónde se pueden encontrar las diferencias entre los tres?

–Es difícil, porque tal vez sean matices. Los tres expresamos una convergencia de lo que significa el peronismo, sus fuerzas políticas aliadas, de respeto por la pluralidad de aportes que el kirchnerismo ha significado. Por las distintas identidades políticas que confluyen en su conformación me parece que en una ciudad tan compleja y diversa políticamente como Buenos Aires los tres expresamos esta pluralidad convergente, creo que somos complementarios. Es un gusto poder formar parte de la propuesta.

–Es la primera vez que el kircherismo tiene tantas opciones para la Capital. ¿A qué lo atribuye?

–Es importante lo que dan cuenta en las encuestas en materia de imagen de la Presidenta, pero todos nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Yo vengo militando desde siempre, pero particularmente desde la campaña del 2007, cuando acompañé a la Presidenta como primer candidato a diputado en la ciudad y me parece que trasciende el momento. Estos datos revelan cuál es el grado de desarrollo y de posibilidades del kirchnerismo, producto de la imagen del gobierno nacional, pero también por el descrédito en el que ha caído la propuesta en los hechos concretos de quienes gobiernan en este momento a la ciudad.

–En 2007 el kirchnerismo planteaba que si ganaba Macri era la cabeza de playa para la derecha de camino hacia la presidencia. ¿Se puede decir que eso fracasó?

–Falló por el lado de los propios hacedores de la propuesta. Una derecha moderna sigue pendiente en términos de construcción de fuerza política. El PRO quiere ocupar ese lugar y tiene otros aliados que están esperando el momento oportuno para exhibirse como tales, pero me da la impresión de que para ser la cabecera de playa debería haber tenido otra gestión y otra propuesta. Muchas intervenciones de los últimos tiempos de Macri van en dirección a fortalecer un discurso propio de la derecha, no tan moderna como se presentaba en algún momento, pero de manera tal de fortalecer su imagen como el candidato de las fuerzas de la derecha en nuestro país.

–¿La gestión del gobierno macrista qué les deja a los porteños?

–Yo tengo mucho respeto por las bicisendas, pero me hace acordar a esas gestiones breves que lo único que hacen es inaugurar o aprobar lo que venía de la gestión anterior. Esto vuelve a mostrar que ser servidor público, funcionario público, gestionador de políticas públicas no es para cualquiera. No es una mera transferencia de habilidades y conocimientos aprendidos en la gestión privada, donde el lucro es un elemento central. Hay que saber de lo público y sobre todo hay que sentir lo público, esto es lo que nos diferencia del actual gobierno porteño desde el punto de vista ideológico y político.

–¿Cuáles serían lo puntos centrales de una gestión de Tomada en la ciudad?

–Más allá de los hechos recientes que han ocurrido, la vivienda es un tema prioritario porque es uno de los ordenadores sociales más importantes y una de las expresiones más claras de la movilidad social. Buenos Aires no puede continuar con estos niveles de inequidad y esto requiere intervenir. Cuando digo esto lo digo pensando en todo lo que nos falta en materia de salud, lo que pasa con educación: no puede ser que no se pueda dar respuesta a lo que hoy es reconocido en el mundo que es la posibilidad de que los niños de temprana edad puedan concurrir a las llamadas guarderías.

–Existe la idea de que en la ciudad de Buenos Aires la realidad política del país llega un poco más tarde que en el resto del país. ¿Puede ser el momento para el kirchnerismo?

–La ciudad muchas veces se ha considerado a la vanguardia para algunos temas, pero termina siendo en determinados momentos históricos como la última en integrarse y muchas veces se transforma en un punto de resistencia para entrar en un proceso histórico que es más abarcativo desde las provincias. Y cuánta perdida y cuánto retraso para el proyecto nacional y popular han significado esos momentos en que Buenos Aires no ha estado acompañando ni dando testimonio de su supuesto rol de vanguardia del pensamiento. Quizás éste sea uno de los momentos de sumar a la ciudad al proyecto nacional y popular que conduce Cristina Fernández de Kirchner con la impronta del modelo instalado en el 2003: dignidad del trabajo, la reparación de la deuda social, la igualdad y la ampliación de derechos.

–¿Qué opina de que la CGT haya respaldado la candidatura de Amado Boudou?

–El movimiento obrero en la Argentina siempre ha jugado, además de su papel de defensa de los intereses de los trabajadores, con un rol político, ha tenido candidatos y siempre tuvo una presencia en el escenario político. Desde ese aspecto, me parece razonable que haya expresado su apoyo a la candidatura de Boudou. Mi vínculo con la CGT tiene que ver con la gestión, con la negociación, con el empleo, con las tareas de combate al trabajo en negro. El diálogo y los consensos son importantes y se han ido consolidando a través del tiempo. Son dos planos diferentes. Hugo Moyano está en su derecho de expresar a quién va a acompañar, en este caso al ministro de Economía. Obviamente, hay también organizaciones sindicales que me han hecho saber su apoyo a la posibilidad de que yo sea precandidato.

El día 8 de junio de 2010 se publicaron en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires dos capítulos del Reglamento del Instituto de Seguridad Pública de la Ciudad, ámbito en el que se preparan los futuros policías metropolitanos. Se aprobó y publicó: a) el régimen interno de los cadetes y b) el régimen disciplinario de los estudiantes.

Los reglamentos parecen piezas de museo de Ejércitos del siglo XVIII. Dan cuenta de un orden militar, vertical y retrogrado que bordea lo absurdo. Las conductas infringidas a los cadetes no tienen ninguna relación con la concepción de policía que se plasmó la Ley de Seguridad Pública n° 2894 y, además, avanza con concepciones ya superadas en la teoría de la seguridad pública.

Algunos ejemplos: la individualización de los cadetes dentro del Instituto se hace a través de un número. Deben saludar a los superiores luego de adoptar posición de “firmes”. Deben afeitarse diariamente en el horario que se les asigne. No deben realizar reuniones en los baños pudiendo permanecer en ellos sólo el tiempo necesario para hacer sus necesidades. No pueden sentarse ni acostarse en los dormitorios fuera del horario establecido. Deben adoptar posición de “firmes” dirigiéndole la vista al superior cuando éste ingrese fuera de las horas estipulados para dormir. Los cadetes pueden ser sancionados por tener el pelo largo o por presentar recursos colectivos.

La norma cuestionada refuerza la concepción de espíritu de cuerpo, obediencia debida y militarización, dando luz desde sus cimientos una organización alejada totalmente de la sociedad civil (en el aula deben responder a las preguntas que se formulen de pié en posición “firmes” al costado del banco; no pueden tocar los elementos, aparatos y útiles de las aulas. El cadete que desee hacer una pregunta o que no hubiera entendido lo explicado debe esperar el momento oportuno para formular la interrogación. En los recreos saludarán al Superior en posición de “firmes”).

El Instituto de Seguridad Metropolitana se creó para formar a los nuevos integrantes de la Policía Metropolitana y su régimen jurídico se encuentra en la Ley 2895, donde se establecen los objetivos de la formación y capacitación de los futuros policías. La misma ley, desde su lenguaje, adoptó un concepto que debería inundar todas las normas reglamentarias. El Capítulo 2 de la Ley se titula “Objetivos de la formación y capacitación del personal civil con estado policial”.

El reglamento puesto en vigencia no parece dirigido a personal civil sino a futuros militares en países no democráticos (la presentación de un superior en el comedor obliga a quien estuviere a cargo a informar las novedades. Dará orden de “en el lugar atención” y los cadetes permanecerán sentados en posición correcta, sin hacer otros movimientos. Si el Superior se dirige a un cadete en particular este adoptará posición de firme cuando no tenga alimentos en la boca. Al retirarse del comedor los cadetes se levantarán con cuidado y arrimarán la silla a la mesa procurando no hacer ruidos).

El artículo 5 de la Ley 2895 prevé que la formación y capacitación de los/as oficiales de la Policía Metropolitana debe abordar un contenido legal y jurisprudencial que importe el estricto respeto del ordenamiento jurídico vigente a los fines de desarrollar en los/as oficiales de la institución la comprensión de las actitudes exigidas para responder de manera profesional a las necesidades de la acción policial en una sociedad culturalmente pluralista, en el marco del respeto de las libertades y derechos individuales inherentes a las personas.

Con un régimen tan militarizado como el que se dictó, en el que se restringe permanentemente la libertad de los cadetes, resulta difícil imaginar que puedan formarse para respetar la libertad y los derechos de los demás.

Concepción errada de la seguridad

La única forma de conducir democráticamente una fuerza de seguridad es con una solida conducción política. No resultan eficaces para ningún fin de una seguridad en democracia este tipo de reglamentaciones sobre las nimiedades de la vida en un Instituto educativo. El régimen establecido refuerza las características autoreferenciales de las policías, con reglas propias y excluyentes de las que rigen en la sociedad civil. Esto trae peligrosas consecuencias para la seguridad pública porque genera normas diferentes para cada sector, los aleja uno del otro y al momento de encontrarse en el espacio público, en lugar de facilitar la convivencia, la degradan.

Está concepción de la seguridad entiende que para “combatir” a la delincuencia y ganarle la “guerra” debe formarse una corporación “con espíritu de cuerpo” bajo férreos principios disciplinarios con el objetivo de que se encuentren “listos” al momento de dar esas “batallas”. Esta concepción de la seguridad pública trae como consecuencia la idea de un enemigo. Y en la práctica lo que ocurre es un aumento en la tasa del delito (en lugar de un descenso como debiera ser en una eficiente política de seguridad) y la habilitación para producir arbitrariedades, violencia policial y gatillo fácil.

El artículo 8° de la Ley 2895 establece que la formación y la capacitación está basada fundamentalmente en la labor policial, privilegiándose los aspectos relativos al manejo con la comunidad y la resolución de conflictos de forma autónoma, autosuficiente y responsable.

Las reglas que se establecieron para los cadetes transitan por un sendero totalmente contrario a ese precepto legal. Un estricto control sobre conductas irrelevantes como el sueño, ir al baño o comer, fomenta un individuo dependiente, temeroso, inseguro y con dificultades para ser autosuficiente y autónomo. Y la responsabilidad queda atada únicamente al acatamiento de las reglas de la subordinación y no a la responsabilidad ante la comunidad.

Además, se establecen reglas para las sanciones disciplinarias que agravian derechos básicos en materia de empleo público y derecho de defensa (las infracciones previstas en el presente régimen se sancionan en principio, sin forma de juicio y por la sola autoridad del superior que sanciona). A su vez, el reglamento contiene disposiciones que violan flagrantemente derechos constitucionales como la libertad e intimidad (no cultivarán amistad con personas de mala reputación o moralidad dudosa. El personal involucrado deberá poner en conocimiento del oficial Jefe de Compañía o Sección toda relación sentimental de la índole referenciada en los puntos anteriores). Estas restricciones resultan arbitrarias y por lo tanto discriminatorias. En definitiva, creemos, se trata de una instrucción más de cuartel que de academia.

Los cadetes a instruir luego deben cumplir con las leyes de la democracia, que se basa en la igualdad, y esos aprendizajes de características arbitrarias dificultan su inserción en la comunidad.

Falta de argumentos teóricos
No existen argumentos teóricos razonables que justifiquen este tipo de reglamentos. Parece un régimen heredado del sistema castrense, cuyas causas originales se han perdido en el tiempo. En este sentido el sistema de internado bajo reglas tan estrictas de conducta posee solamente la eficacia de hacer del instituto un espacio cerrado, con reglas distintas a las de la ciudad y su cotidianeidad, donde se refuerza la separación entre una vida social y otra institucional, estamental y militarizada.

La impronta militar no es un problema en sí mismo, sino en la medida en que constituye el entorno y el método utilizado en la formación de funcionarios encargados de facilitar la convivencia pacífica en una Ciudad y velar por el cumplimiento de las leyes. El medio natural donde el policía ejerce sus funciones es la vida ciudadana, regida por las leyes cívicas y los principios de convivencia social. Sin embargo, el lugar donde para ello se forma se constituye como un espacio separado y distinto de la vida social cotidiana. A esta separación contribuye el sistema de normas, también de naturaleza castrense, que regula ese espacio .

A continuación se ofrece un resumen de las normas cuestionadas. El reglamento completo se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires nº 36436 del 8/6/10, página 20 y anexos.

Enlaces para ver la normativa:

Resolución 23 ISSP/10

Anexo Resolución 23 ISSP/10

RESUMEN

RESOLUCION Nº 23-ISSP/10

CAPITULOS 3 Y 4: REGLAMENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA.

CAPITULO 3: DE LOS CADETES: REGIMEN INTERNO

Asignación de matrícula de revista.

La individualización en el orden interno se efectuará por el número de matrícula de revista, que se antepondrá al nombre y apellido y demás datos que se consignen.

Comportamiento general, presentación y aliño

Deben saludar a los superiores, luego de adoptar posición de “firmes”. Mantener correcta presentación y pulcritud. Deberán afeitarse diariamente en el horario que se asigne. Concurrir a la peluquería cuando resulte necesario. Adoptar en todo momento una actitud y postura correctas, tanto en las formaciones como en los recreos, clases, comedor, casino dentro y fuera del instituto.

En horas de recreo o descanso

No deberán realizar reuniones en los baños pudiendo permanecer en ellos sólo el tiempo necesario. Concurrirán al baño sólo durante los recreos, a fin de no interrumpir las clases.
En el dormitorio

No se sentarán ni se acostarán en los dormitorios fuera del horario establecido. Usarán para dormir las prendas que se establezcan. Mantendrán absoluto silencio a partir del horario de sueño. Se acostarán al toque de silencio salvo autorización para hacerlo por estudio voluntario. Adoptarán posición de “firmes” dirigiéndole la vista cuando ingrese un superior fuera de las horas de sueño. El primer cadete que advierta su presencia dará la orden correspondiente.

En el comedor

Ocuparán los sitios que se les asignen. Observaran la compostura y corrección en la mesa. Deberán dar muestras de educación, cuidar los modales y el lenguaje, utilizando correctamente los utensilios. No se retirarán del comedor sin autorización del encargado quien dará la orden de hacerlo en general cuando finalice el desayuno, almuerzo, merienda o cena y en particular cuando se estime correspondiente. Sólo harán reclamaciones al personal por medio del encargado quien canalizará el pedido por intermedio de los cadetes designados como encargados del control de las mesas en cuanto a su presentación, vajillas calidad de los alimentos, denominados cadetes Encargados del Comedor. La presentación de un superior en el comedor obliga a quien estuviere a cargo a informar las novedades. Dará orden de “en el lugar atención” y los cadetes permanecerán sentados en posición correcta, sin hacer otros movimientos. Si el Superior se dirige a un cadete en particular, este adoptará posición de firme cuando no tenga alimentos en la boca. Al retirarse del comedor los cadetes se levantarán con cuidado, arrimarán la silla a la mesa procurando no hacer ruidos.

En el aula, los gabinetes y bibliotecas

En todo momento el comportamiento será correcto, permanecerán de pie o sentados según las circunstancias, guardarán silencio en ausencia de los profesores y cumplirán las órdenes e indicaciones que imparta el encargado. Se sentarán en el pupitre asignado y serán responsables de su aseo y conservación, evitando especialmente manchas y raspaduras, así como también los lugares circundantes. Forrarán uniformemente los libros y cuadernos que utilicen, colocando en la tapa una etiqueta con el nombre y matrícula respectiva. Mantendrán en todo momento una postura correcta. Desalojarán el lugar en orden, una vez finalizada la clase. Deberán abstenerse de realizar movimientos o preparativos que indique la finalización de la clase hasta tanto se retire el profesor. Responderán a las preguntas que se formulen de pié en posición “firmes” al costado del banco, salvo disposición expresa en contrario del docente a cargo. No tocarán los elementos aparatos y utensilios de aulas y gabinetes cuyo uso se permite en presencia del profesor, salvo expresa disposición en contrario. El cadete que deba hacer una pregunta o que no hubiera entendido lo explicado debe esperar el momento oportuno para formular la interrogación.
En patios, corredores y galerías

El toque de iniciación de clase debe sorprender al cadete próximo al aula y ninguna causa justifica su llegada tarde. En los recreos saludarán al Superior en posición de “firmes”.
Fuera del Instituto

No cultivarán amistad con personas de mala reputación o moralidad dudosa.

Relaciones sentimentales

Estarán permitidas las relaciones sentimentales entre cadetes siempre y cuando las mismas no interfieran en el servicio. Deberán llevar cualquier relación de este tipo de manera privada y madura, evitando demostraciones de afecto en público o dentro del Instituto que puedan generar percepciones equivocadas y perjudicar el buen orden y disciplina. Por lo tanto el cadete involucrado en una relación sentimental deberá ser consciente de estas circunstancias, conducirse de manera adecuada y dar a sus pares el ejemplo apropiado en todo momento. Los cadetes no podrán tener relaciones públicamente con: Personal Docente Civil del Instituto, Oficiales y Personal del Instituto. Los cadetes no podrán exteriorizar relaciones sentimentales dentro del Instituto. El personal involucrado deberá poner en conocimiento del oficial Jefe de Compañía o Sección toda relación sentimental de la índole referenciada en los puntos anteriores.
CAPITULO 04: DE LOS ESTUDIANTES: REGIMEN DISCIPLINARIO

Forma en que se sanciona

Las infracciones previstas en el presente régimen se sancionan en principio, sin forma de juicio y por la sola autoridad del superior que sanciona. Aquellas faltas que por sus características o gravedad de la infracción lo requieran, serán resueltas por el consejo de Disciplina y se sancionan con la revocación de la incorporación al ISSP.

Carácter de las faltas

Son faltas leves aquellas que provienen de la inexperiencia o negligencia referidas especialmente al régimen disciplinario interno.
A saber:

El uso de palabras inconvenientes con sus iguales o particulares. Tener el cabello largo. No afeitarse sin causa justificada. Concurrir al servicio médico sin autorización del oficial de Día. Levantarse antes del toque de diana, sin hallarse autorizado. Son faltas graves aquellas que evidencian desconocimiento de la autoridad o de las normas, cometidas con malicia o intención y que afectan disciplina de fondo. Así como aquellas en las que prima la actitud dolosa.

A saber:

La disconformidad manifiesta por una orden general del servicio o aquellas que fueran impartidas por un superior. Todo acto en la vida social que afectara el prestigio del ISSP. La omisión intencional de reprimir actos indebidos de sus subalternos. La interposición de recursos colectivos.

Ahora bien, ante un mismo problema existen varias formas de abordaje en pos de solucionarlo – siempre creyendo que se quieren solucionar – y esas formas de abordaje están estrechamente relacionadas con el marco ideológico que cada uno posee.

Desde Fukuyama y la caída del Muro se viene bastardeando a la ideología como algo – desde ya malo – ligado a la política como un aspecto negativo (politiquería). Y relacionado desde un lugar oscuro, intrigante, desconfiado. Como si uno, en cada una de las decisiones que asume todos los días, lo hiciera despojado de su marco ideológico. Porque uno avanza en la vida con una forma de ver las cosas, de interpretarla. Lo que se dice la cosmovisión que se tiene del mundo.

Mauricio Macri es uno de los que utiliza la frase “los problemas no son ni de izquierda ni de derecha”. Siempre la arranca con seño fruncido y molesto.

Con esta premisa es digno de analizar su empecinamiento en poner al frente de la Policía Porteña al “Fino” Palacios. Y sobre todo la argumentación con la cual defiende su designación. Es evidente que, hablando de la policía, al tipo no le entran las balas, y responde que “el Fino” es un hombre que cuenta con su total confianza y que para él está mal imputado. Que todos tenemos que estar tranquilos porque si él, que es Mauricio Macri, dejaría su familia al cuidado del “Fino“, cómo todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires no lo vamos a hacer. Tremendo argumento. Mauricio pone por encima de lo publico su vida personal, individual. Que alguien me diga que esto no es un forma de interpretar la realidad.

La legislatura, la Comunidad Judía , la Justicia , son meras opiniones que están por debajo de la de un individuo, mas allá que sea el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Mauricio puede alegar que tiene atribuciones, por haber sido elegido por el voto popular, para designar su Jefe de Policía, hecho que es totalmente cierto, pero también las decisiones no deben carecer de un carácter ético y moral.

Otro tema no menor es indagar sobre las razones que tiene Mauricio para defender y sostener a capa y espada el nombramiento del “Fino” Palacios. Deberíamos intentar arribar a alguna motivación por la cual tiene que ser Palacios y no otro el responsable del orden en la ciudad. Y ahora que hablamos de orden quizás estamos obteniendo una clave. ¿Será que le garantiza orden e impunidad a la hora de resguardar la seguridad de la Ciudad ? Si de impunidad hablamos la voladura de la AMIA nos vuelve a la memoria y “el Fino” puede ser procesado por la investigación fallida.

Esta decisión personal de Macri no debería prosperar. Si esto ocurriese estaría ganando una mirada privatista de la gestión.

Los que creemos en las ideologías, en el Estado, en las construcciones colectivas, en fin, en la política, debemos dar batalla a las frases que parecen de ocasión pero que si no se las combate se transforman en permanentes.

- ¿Cómo nació la iniciativa del proyecto de ley del boleto estudiantil?
Con el equipo con el que yo trabajo hace mucho tiempo que estábamos preocupados por este tema. Obviamente somos casi todos pedagogos y docentes así que es un tema muy sensible, entonces en cuanto llegamos acá inmediatamente me plantearon la posibilidad de hacer este proyecto y así salió.
- ¿Hay antecedentes en el país de proyectos de similares características?
Hay proyectos, sí, hay algunos otros proyectos, hubo otros. De alguna manera nosotros tratamos de sintetizar otros proyectos que se habían presentado y de buscarle una redacción y un sentido que sea viable.
- ¿De qué manera se instrumentaría técnicamente el acuerdo con las empresas? ¿A través de subsidios?
Bueno, eso es una cosa que hay que ver, pero me parece que en primer lugar tiene que haber una decisión, a través de la ley y luego el ejecutivo tiene que poner en marcha la serie de convenios que tenga que hacer con las empresas. Pero digamos que la ley lo que tiene que establecer es la obligatoriedad del boleto estudiantil gratuito. Una vez establecido eso, las empresas tendrán que cumplir con la obligatoriedad, en todo caso lo que el gobierno tendrá que hacer es ver la forma de control de que esto se cumpla. Y para el control entran varios organismos del gobierno, o sea la secretaria de transportes y el ministerio de educación. Pero además también, como los sistemas escolares están provincializados, es compleja la aplicación en cada provincia. Pero los gobiernos provinciales tendrán también que arbitrar los medios. Por eso no es una sola medida sino que para aplicar esta ley tendrá que haber un proceso de acatamiento por parte de cada una de las jurisdicciones y luego por parte de cada una de las empresas públicas o privadas prestadoras de servicios de transporte.
Vos presentas un proyecto de ley que expresa una línea política, vos no sos aséptica, tampoco es aséptico lo que planteó el macrismo con la reducción de las becas. Son dos miradas acerca del modelo educativo y por ende del modelo de país. ¿Qué reflexión te merece esta dicotomía o esa diferencia?
Bueno, son dos concepciones distintas de la política, de la sociedad y en consecuencia de la educación. Porque lo que está planteando el proyecto que yo presenté está centrado en los niños y los jóvenes como sujetos de derecho y en cambio recortar becas es desconsiderarlos como tales, es en todo caso, dar unas cuantas becas focalizadas en los sectores más pobres. La nuestra es una concepción inversa: lo que hace Macri que no solo lo hace Macri sino que hay otros sectores que también lo hacen es desplegar un neoliberalismo de tercera generación. Hubo un neoliberalismo de primera generación que fue el que implementó Menem en su gobierno, el que venía de Thatcher, de Reagan; el neoliberalismo de segunda generación que fue los que trataban de demorar los programar focalizados, la idea de atender el caso que se dispara y que entonces es un peligro para el orden social y ahora es un neoliberalismo de tercera generación que porta la idea de la focalización, la idea de evitar todos los programas masivos, programas de atención no en el sentido asistencialista sino en el sentido de respeto de los derechos sociales y políticos. Esta es la diferencia me parece.
- Dentro de este proceso en el que estamos como país ¿en qué aspectos hemos avanzado en materia educativa y que otros están pendientes como desafíos para el futuro?
En el gobierno de Kirchner lo que se hizo básicamente fue dictar tres leyes: la ley nacional de educación, la ley de educación técnica y formación profesional y la ley de financiamiento educativo. En los tres casos fueron leyes muy debatidas que costaron mucho trabajo. Sobre todo la ley de educación nacional porque había sectores de las propias fuerzas que se resistían a darle al estado la responsabilidad principal y que también tenían una mirada de políticas focalizadas y asistencialistas dentro del sistema educativo. Frente a esta postura, y aquí intervino fuertemente la opinión de Nestor y Cristina Kirchner, nosotros apuntamos a que se estableciera con claridad que la educación es un bien social no transable y sobre todo el papel central del estado. Creo que esto es lo destacable durante el gobierno de Kirchner, la ley de educación nacional que termina siendo una buena ley salvo algunas cuestiones que habría que mejorar o extender, por ejemplo el tema de la educación física. Hay baches, pero en general cumplió en gran parte porque derogó la ley federal de educación e instaló un nuevo orden educativo ahora ese orden hay que ponerlo en marcha, ese es el asunto. Con respecto al sistema escolar me parece que la parte legal esta en grandes líneas cumplida más allá de que para esta época tengamos que agregar algunas leyes. Se reinstala la primaria, la secundaria, se vincula fuertemente en el texto de la ley la educación con el trabajo, todo en términos de la letra de la ley. Ahora me parece que llegó el tiempo de encarar políticas, todo esto tiene que transformarse en políticas. Es un momento muy complicado porque justamente ahí es donde está la cuestión de poner en práctica si el Estado va a ser el principal responsable o eso va a ser letra muerta de la ley. Voy a dar un ejemplo, hace tres semanas el Ministerio Nacional de Educación sacó una convocatoria para un programa financiado por el Banco Mundial y la Unión Europea convocando a organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, léase Arcor, es decir fundaciones que tengan capacidad para hacerse cargo de la atención de desertores escolares, chicos con sobre-edad, alfabetización, terminalidad de la primaria y terminalidad de la secundaria. Entonces esto es una cabecera de playa porque es un grupo de escuelas en cada una de las provincias argentinas y es una concepción que está en contra del sentido fundamental de la ley. Más aún, en la provincia de Buenos Aires nosotros hicimos una ley que es mejor que la nacional porque es una ley que explicita mas, profundiza mas la responsabilidad del estado, la vinculación entre educación y trabajo, el carácter no asistencialista sino de reconocimiento de los derechos sociales, de la justicia social. Entonces este tipo de programas son incompatibles con esa concepción. Por lo tanto, yo creo que es el momento de discusión acerca del sentido que van a tomar las políticas educativas.
- Viendo que existen tensiones entre distintos sectores que integran este gobierno, ¿Cómo crees que podemos aportar los militantes para “inclinar la cancha” en un sentido latinoamericanista, nacional y popular? Objetivamente no alcanza con la gestión sino se construye el sentido en la gestión ¿cómo se produce la sinergia entre la militancia, los cuadros intelectuales que producen teoría política y el estado?
Es muy importante que los jóvenes militantes realmente se informen para que puedan distinguir entre unas y otras políticas. Por ejemplo la política sobre libros de texto. Nosotros el año pasado y el anteaño llevamos una verdadera batalla en la provincia de buenos aires porque sacamos una resolución, hicimos un concurso, una licitación a raíz de lo cual publicamos 4 millones de libros que se repartieron gratuitamente en las escuelas secundarias. De manera que cada chico de la secundaria de la provincia de Bs As tiene que tener en este momento su paquete de libros. Terminó nuestro gobierno, quedaron unos cuantos paquetes de libros en algunos consejos escolares o rincones porque el nuevo gobierno no los siguió repartiendo.
En definitiva ¿Qué dos criterios se enfrentan allí? Uno es que el Estado produzca textos, cosa que está haciendo México hace muchísimos años, el gobierno de Brasil, de Chile, o bien, que se realicen grandes compras de los libros que deciden las editoriales o algún consejo de intelectuales en vinculación con las editoriales. Esto significó un enorme conflicto el año pasado porque por un lado está la Cámara Argentina de Publicaciones representada básicamente por Random House que ahora es la dueña de Sudamericana, Aique y muchísimas editoriales internacionales; es decir que representa el gran monopolio internacional de textos. Por otro, la Cámara Argentina del Libro donde están las editoras nacionales: Ediciones de la Flor, Colihue, Galerna, etc. Se dio una batalla terrible entre ellos y contra nosotros. La Cámara Argentina de Publicaciones, junto con Gregorio Badeni, que tambien es el abogado de Patti, propusieron que se hicieran grandes compras de libros como se ha hecho muchas veces desde el Ministerio de Educación. No es que no haya que comprar libros, pero se entiende que son criterios distintos.
El miércoles pasado entro a la comisión de cultura porque se presentaba allí un proyecto que yo había impulsado para declarar patrimonio histórico la Escuela – hogar Ezeiza. Cuando entro veo que hay otro tema planteado antes que es la creación del Instituto del Libro, un proyecto que había hecho un amigo que murió Elvio Vitali. Allí estaban la CAP y la CAL, los mismos actores, las mismas personas discutiendo, la CAP en contra de la creación del Instituto del Libro diciendo que perjudica al autor. Tenían dos libros, uno que el autor era Borges y otro que el autor era de nombre anglo. El de Borges estaba publicado en España y el otro estaba publicado en la Argentina. Entonces decían ¿por qué un autor va a ser argentino si lo publica en Argentina? ¿Por qué tiene que haber autores argentinos? Los autores son internacionales así que ¿para qué debe existir un instituto del libro? Y que el pie de imprenta sea en la Argentina tampoco importa. Los de la cámara argentina del Libro decían, no, esto es industria nacional.
Este tema ha sido motivo de luchas estudiantiles en otros países, no en Argentina por ejemplo que los estudiantes secundarios tengan como consigna que el Estado produzca los libros y que eso se haga por medio de jurados serios y licitaciones absolutamente limpias, eso es una consigna.
Volviendo a la pregunta, se trata de tener mucha claridad para lo cual hay mucho que hablar, mucho que discutir sobre cuáles son las medidas que hacen a una política educativa popular y cuáles no. Porque sino, después hay muchas confusiones.
Por ejemplo en la ley de educación superior para la cual estamos haciendo una gran consulta y constituyendo en las provincias del interior una comisión. Y ahí hay dos posturas: la de la UCR más algunos otros que quiere hacer una Ley de Universidades dejando afuera a los institutos de formación docente y los institutos de formación técnica. Eso es una medida profundamente discriminatoria. La otra postura, que es la nuestra, es la que propone una ley de educación superior cuyo quehacer principal sea articular los terciarios con las universidades, articular los institutos universitarios y hacer un sistema muy fluido porque la demanda territorial es muy fuerte en todo el país. La gente no quiere irse del lugar donde vive y tampoco queremos fomentar el desarraigo, al contrario. Dentro de unos años tendrá que cumplirse la ley nacional y todos van a tener que terminar la secundaria con lo cual quien la termine va a requerir educación superior. Muchísimos ya la requieren, a 30 km de donde viven por eso la gente ya va a los institutos. El problema es que esos institutos son terminales, entonces si después quieren seguir estudiando y quieren ir a una universidad tienen que empezar todo de nuevo, no les reconocen los estudios y ese no reconocimiento fue, desde hace 150 años en la argentina, una medida discriminatoria porque claramente separa dos sectores sociales. Lograr un sistema de reconocimiento que deje de ser un sistema de descalificación como es hoy. Hoy una persona que estudió tres años de medicina es un desertor y podría tener un título intermedio e ir a trabajar a algún lugar donde se necesite personal paramédico, cosa que en la Argentina hay muy poco. Si Argentina tiene 7 médicos por un paramédico, España tiene 7 paramédicos para un médico. Es un sistema que descalifica. Alguien que hizo el CBC, nadie se lo cuenta, dicen dejo el CBC. El tipo estuvo año y medio estudiando, cosas nuevas que sabe. Entonces tiene que ser un sistema que califique, un sistema que permita la movilidad inter-institucional, que a uno le reconozcan lo que hizo en otra institución y que tienda a que ese reconocimiento sea también en el Mercosur. De hecho, la Argentina está haciendo el trámite de ingreso al convenio Andres Bello, que es un convenio de reconocimiento mutuo de estudios entre universidades latinoamericanas. Entonces nosotros creemos que hay que dar un paso importante hacia un sistema que realmente sea democrático porque permite el ingreso de todos por distintas puertas. Que por el lugar donde vive, que porque no se pueda trasladar, no sabe matemáticas o lo que fuere, puedan ingresar al sistema de educación superior con la garantía de que nunca van a tener una puerta cerrada en ninguna carrera, al menos en grandes áreas y que les va a ser reconocido lo que han estudiado para seguir estudiando.
Esta idea es bien distinta a la de hacer un viaje al siglo XIX y hacer más o menos la Ley Avellaneda.
- Es como un sistema de “castas educativas” como en el caso de las fuerzas armadas donde el que entra a un circuito de suboficiales nunca puede entrar al circuito de oficiales. Tiene que ver con la exclusión, la segregación y eso tiene que ver con el modelo de país…
Claro, fíjense que es una cuestión de justicia social elemental. Uno puede hablar mucho de justicia social pero hay que ver cuáles son los dispositivos que hay que mover para que haya justicia social en todos los ámbitos. No es solamente un problema económico, de trabajo, pero también es un problema que tiene que ver con dispositivos sociales que están armados para reproducir las diferencias y las injusticias.
- En relación a la problemática social que viven muchas familias en nuestro país existe un imaginario acerca de que ésta es trasladada a la escuela y que de esa manera se deteriora la calidad educativa. ¿Qué opinas al respecto?
Creo que no es el único factor, hay muchos factores. El sistema educativo argentino requirió una reforma a fines de los 60 cuando se hizo una reforma en muchos países. En la Argentina hubo represión, la dictadura de Onganía. Después el 73’ fue como una explosión de proyectos, de programas, de experiencias, pero eso duró un instante y vino la dictadura. Entonces el sistema educativo argentino sufre un deterioro constante. El alfonsinismo restauró vínculos democráticos pero no hizo ninguna reforma importante, aunque en el congreso pedagógico del 85’ instala un enunciado que tiene un enorme peso político que es que la educación puede ser pública de gestión estatal o pública de gestión privada. Que la educación privada haya ganado, en particular, la Iglesia una batalla que venía desde el Congreso pedagógico de 1882 cuando se instala la educación laica, gratuita y obligatoria, la ley 1420 de 1884. Entonces, con todo lo que paso en estos años ese es el momento en el que se instala la educación privada, que es importante porque después dicen que la educación privada crece porque los docentes hacen paro. Es cierto que el paro docente perjudica sobre todo a las familias que no tienen recursos como para solucionar el problema de que los chicos se queden sin escuela. Hay que tener en cuenta que muchos de esos chicos van a escuelas parroquiales y son de sectores muy pobres. Pero eso no quiere decir que los docentes no puedan hacer uso de su instrumento constitucional que es el derecho a huelga. También habría mucho para hablar acerca del gremialismo docente, no se cierra allí el tema. Pero quiero decir que el crecimiento de la educación privada tiene otros orígenes. Tiene el origen en la legitimación de la educación privada como pública por un lado, y esto es un golpe fuerte al imaginario argentino y al respeto argentino por la escuela pública estatal. Allí comienza el desarrollo fuerte de un sistema de educación privada que va teniendo cada vez una clientela mayor que después en los primeros años de Menem, con la plata fácil, se fundan muchas escuelas privadas comerciales y hay como una moda de mandar a los chicos a una escuela privada. Con los conflictos docentes esto aumenta pero hay una cantidad de factores que inciden en esto. Me refería a la educación privada como un ejemplo del funcionamiento del sistema, de la complejidad de los problemas que hay que atender, no porque deba limitarse para nada la educación privada, creo que debe estar limitada a lo que establece la ley, a las supervisiones del ministerio de educación pero si me parece que es muy importante reforzar, mejorar la escuela pública. El deterioro de la educación proviene de muchos factores. El principal factor es el deterioro económico y social del país y después dentro de eso está la no inversión en infraestructura. Hay que invertir más en educación, esto no tiene vuelta. No puede ser que las escuelas se vengan abajo, no puede ser que no se llegue a un acuerdo con los docentes del estilo de aquellos vinculados al tema previsional, es decir, un acuerdo por medio del cual se alcance un piso nacional salarial y luego haya una actualización relativamente automática. Se tiene que llegar a eso.
- La ley de financiamiento educativo que se aprobó en el gobierno de Néstor Kirchner ¿alcanza?
Fue un gran avance, nunca hubo una ley de financiamiento educativo. Ahora la CTERA está pidiendo que actualicemos algunas cosas. De hecho la más urgente que hay ahora es actualizar el fondo de incentivo docente, esto es importante porque termina a fin de año y entonces tenemos que sacar una nueva ley o renovar ésta por un año más. Pero hay que terminar de recomponer el salario. Durante el gobierno de Kirchner fue muy importante que se instalara la primera paritaria docente a nivel nacional. Nosotros hicimos en la provincia de Buenos Aires la primera ley de paritaria docente de la provincia. Tener una ley de paritaria docente es muy importante, pero hay que saber usarla también. En especial en el día de hoy, hay que saber trabajar en el marco de la paritaria, respetarla, creer en ella, no hacer negociaciones de costado y por fuera. Yo creo que a nivel nacional se ha respetado el marco de la paritaria, eso fue un gran avance en el gobierno de Néstor al igual que la ley de educación técnica y formación profesional. Insisto en que ahora son políticas las que hay que llevar adelante.

El acto se realizó el jueves 25 de Septiembre y contó con la presencia de la Presidenta del Inadi, Dra. María José Lubertino, el Director de Políticas Públicas contra la Discriminación, Lic. Ricardo Romero, la Presidenta de la Asociación Espacio Barrial, y Cultural, Sra. Graciela Ochoa y el Coordinador de la Junta Promotora de la Comuna N° 14, Dr. Luis Eduardo Ochoa, además de otros funcionarios del Inadi, como el Dr. Daniel Maglioco, la Lic. Noemí Aumedes y la Dra. María del Carmen Cataneo.

Asimismo, participaron vecinos y autoridades de las organizaciones más representativas del barrio de Palermo.

Esta Junta Promotora se encuentra enclavada en un punto estratégico de la Comuna N° 14 (Avenida Santa Fe 5362 / 66), a pocos metros de la Avenida Dorrego, de la Estación Carranza del subte Línea D y de la estación del mismo nombre del Ferrocarril Mitre.

Es la octava comuna en incorporarse al Programa del INADI que se está implementando en la Ciudad de Buenos Aires desde el mes de mayo, con el objetivo de visibilizar, documentar e implementar políticas locales que combatan la discriminación, la xenofobia y el racismo.

La Junta Promotora tiene como Coordinador al Dr. Luis Eduardo Ochoa y cuenta, en principio, con los siguientes foros:

Juventud: A cargo de Daniel Turci
Diversidad sexual: A cargo de Graciela Ochoa
Medio ambiente: A cargo de Roberto García
Género: A cargo de la Lic. Analía Marín
Adultos Mayores: A cargo de la Dra. Ruth Cherwin

Luego del acto de apertura y la firma de los convenios respectivos, los asistentes disfrutaron un encuentro en las instalaciones donde permanecieron intercambiando experiencias y aportando ideas para el mejoramiento barrial.-

Por una parte, los medios han modificado los mecanismos enunciativos, han ampliado la diversidad temática de las programaciones y han inventado nuevas tecnologías comunicacionales para llegar a audiencias más amplias.
Por otra, el poder político-mediático, inspirado en el decreto-ley de radiodifusión de la dictadura y las modificaciones posteriores introducidas por los decretos de Alfonsín y Menem y la ley de Reforma del Estado, ha cortado de raíz la posibilidad de las organizaciones populares de constituirse en emisores.

Cuando las clases trabajadoras ingresan a los medios gráficos y/o electrónicos son siempre como “objeto” de la noticia, la información, la reflexión, etc., nunca como “sujeto”. Los trabajadores, desempleados, excluidos, mujeres, piqueteros, migrantes pobres, son parte integrante de la noticia cotidiana, pero dentro del marco enunciativo, la agenda y el contexto que fijan los dueños de los medios masivos.

Aquellos son siempre los victimarios de la sociedad: “le roban el trabajo a los nacionales”, “alteran la libre circulación en las calles”, “fomentan la inseguridad y la delincuencia”, “abandonan la atención de los niños en los hospitales”, “ponen en peligro la educación y la salud”, etc.
El diario Clarín del jueves 28 de abril 2005 publica en tapa la foto de una madre pobre con su nena en brazos, sobre el fondo de un pasillo de hospital de la Provincia de Buenos Aires. Ella se ha quedado sin atención médica, es la víctima principal del paro de los trabajadores municipales.
El aumento de salario no se discute. La crisis de la salud pública tampoco. En la foto hay una elipsis pronunciada: el sujeto de la acción se ha fugado, desaparece el cuerpo de la clase trabajadora. Sólo quedan las supuestas consecuencias de esa acción: los pobres son más pobres ese día por exclusiva culpa de los trabajadores.

El mismo matutino del lunes 2 de mayo edita en página 3 una nota bajo el título “Pesificación: compensarán a los bancos con $ 2.300 millones”. Esta decisión política, propuesta –según Clarín- por el ministro Lavagna, no tiene ninguna víctima visible. Es un acuerdo entre el gobierno y los bancos. El sujeto de la acción está presente con una foto del titular del Palacio de Hacienda, pero sus efectos han sido borrados olímpicamente.
Desde la perspectiva del poder, los actores populares, cuando protagonizan algún conflicto, “alteran la libertad y el orden social”.

El peso y las influencias de las comunicaciones mediadas se profundizan considerablemente en las últimas décadas, pero este proceso contrasta con la exclusión de las organizaciones populares del acceso a esa comunicación. Y no es exclusivo de la relación medios/organizaciones sociales. El pueblo está cada vez más ajeno a las decisiones que se toman desde los poderes públicos sobre su propia realidad.

El derecho a la información y el propio ejercicio de la democracia, entendido como la capacidad popular por decidir su propio destino, ha sido desterrado al campo estrictamente discursivo. Ese peso y esa influencia son tan abrumadoras, un proceso cultural de profundo arraigo en la subjetividad de la época, que los sectores populares cuando protagonizan algún conflicto buscan “naturalmente” los medios masivos para comunicar sus acciones. Como si esos medios fueran inocuos, transparentes y neutrales, simple mediadores entre el poder y la base social.
Pero en verdad, las comunicaciones ya han dejado de ser un negocio de empresarios nacionales con cierta connotación ideológica, el cuarto poder como dirían algunos, para transformarse en el poder real en nuestra sociedad, en un contexto de profunda concentración y trasnacionalización de la propiedad de los medios masivos que no le va a la zaga a la concentración y la trasnacionalización de la economía.

La contradicción flagrante entre el discurso del poder y la realidad que padece el pueblo está al descubierto. Cuando más se habla de democracia, de derecho a la información, de libertad de prensa, de derecho al trabajo, de respeto a los derechos humanos, desde el poder, más se limita, se desconoce y se arrebatan los derechos que el pueblo conquistó en años de lucha.
La duplicidad del discurso dominante adquiere una dimensión tal que expresa como significación social la incapacidad del sistema político institucional para dar respuestas a las necesidades populares y obviar olímpicamente los derechos consagrados en un régimen jurídico casi inexistente. No se trata de esclarecer ni desocultar las injusticias de todo orden, porque el pueblo las padece a diario.

La comunicación del poder expresa que hay injusticias, hambre, desempleo y represión, pero como esos fenómenos están inscriptos en el orden mismo de las cosas, dicho orden como tal es inevitable, inamovible y por lo tanto, eterno.
A su vez, desde la información mediática se ejerce una interpelación a individuos desgajados del contexto histórico-social, en un ambiente de banalización, inmediatez y pragmatismo. Se los convoca para que cuenten sus “hobbies”, sus aventuras, sus sueños personales que nada tendrán que ver con algo distinto a lo que ya existe y mucho menos con el destino colectivo. La dimensión del futuro ha sido aniquilada del discurso de los medios masivos, porque –según este discurso- no existe sujeto capaz de transformar la realidad, no existe la voluntad colectiva para construir otra cosa.

La participación popular con su exclusiva presencia en el discurso de los medios no hace más que convalidar y otorgarle legitimidad a ese discurso. Así, se termina aceptando naturalmente que un muerto, hijo de empresario, residente de San Isidro tenga más valor, atención y justifique una campaña mediática que termina organizando una movilización masiva para exigir más seguridad, que la muerte de una “negrita” y “villera”, víctima de la criminalidad policial. La memoria colectiva recuerda con nitidez el apellido de nuestro “ilustre” empresario, pero ya condenó al olvido los datos de la piba de Lugano.

Existe una considerable falencia de reflexión en las organizaciones populares sobre las funciones económicas, políticas y culturales de los medios masivos en la época actual. El alcance de las comunicaciones impone que se constituya un debate para la acción que salga de los límites de la reflexión académica. Porque en las organizaciones sociales, en el mejor de los casos, se termina cuestionando a tal o cual periodista o se realiza una crítica global a los medios, pero se encuentra definitivamente ausente la discusión y el proyecto para la creación de medios de comunicación propios.

Tener una política de comunicación para un sindicato, un grupo político, una organización barrial consiste, en la actualidad, en tener una red de contactos para insertar tres renglones del comunicado de prensa, formar parte de un panel en el que siempre resultará denostado o poner en primer plano de la cámara la pancarta del partido y la cara del dirigente que, si adquiere relativa publicidad, podrá ser promovido a candidato en las próximas elecciones.
En síntesis, más que cuestionar al sistema se participa de las formas que garantizan el proceso de su reproducción. O para decirlo con más precisión, la comunicación de las prácticas de las organizaciones populares por el único camino de los medios masivos vuelven a instituir las formas de comunicación ya instituidas por los mecanismos enunciativos y la intencionalidad de sentido de dichos medios.

El proyecto de fundar medios debe partir de la necesidad del pueblo de contar con una comunicación propia, que se inscriba en las experiencias de comunicación popular e insertado en el contexto histórico-social actual, que contraste con el modelo comunicacional hegemónico. Una comunicación será popular no sólo por el alcance de su mensaje, por una audiencia masiva o por construir un destinatario popular ideal en su discurso, sino, sobre todo, si sabe conectarse con una audiencia/enunciador popular, si por sus contenidos, estética y estilo puede situarse en la perspectiva de los sectores sociales concretos. En síntesis, será popular si es capaz de alimentarse de la memoria, las prácticas y los sueños del pueblo.

Acaso la historia de nuestro país, más que la de ningún otro en América Latina, permita demostrar en qué medida el empobrecimiento de la clase media fue el símbolo más claro de un proceso de destrucción de la estructura social más firme de las naciones americanas ubicadas al sur del Río Grande.

Al hacer un ejercicio comparativo entre la pirámide social de 1974 y la de 1980, se puede observar con claridad que, a principios de los setenta, y a pesar del incompleto proceso de sustitución de importaciones iniciado por el peronismo, la movilidad social ascendente se manifestaba en una clase media alta y media plena que llegaba a casi el 80 por ciento de la población. Efectivamente, no son datos extraídos de ninguna película de ficción, sino la expresión palpable de cómo la distribución de la renta y el poder del salario eran pilares fundamentales de una sociedad que, a pesar del convulsionado panorama político, veía a la democracia como una forma de representación individual y colectiva de un proyecto de país.

Sin embargo, esa situación comenzó a modificarse drásticamente entre 1974 y 1980, cuando, según los datos comparativos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, la política económica iniciada a fines del gobierno de Isabel fue profundizada por los militares mediante la valorización financiera del capital.

La comparación es inevitable y permite obtener conclusiones claras. En 1974 los sectores medios altos representaban el 38 por ciento de la población metropolitana, y los medios plenos, eran el 40 %; esto equivale a decir que en esa época 3 de cada cuatro argentinos estaban ubicados en esa franja de ingresos, que iban de un rango de 1800 a más de 12 mil pesos a valores equivalentes a los actuales.

Además, y para completar el cuadro de inclusión social, en ese año, 1974, sólo había 4 y 2 por ciento de pobreza e indigencia, respectivamente, y el desempleo y el empleo informal llegaban al 2,8 y al 17 por ciento, valores a los que muy difícilmente se pueda volver a llegar en un futuro cercano. Y en la brecha de ingresos, el 10 por ciento más acaudalado tan sólo superaba en doce veces lo que percibía el 10 por ciento más pobre de la sociedad.

Estos datos, tomados al azar y por sí solos no tendrían demasiado impacto, de no ser comparados inexorablemente con lo que sucede hoy en día, y permiten entender cómo el proceso de desarticulación social que profundizó la dictadura está latente, y sólo en los últimos tiempos, cuando la situación social se volvió más apremiante, se ha empezado a modificar.

A modo de ejemplo, según los últimos datos del INDEC, la brecha de ingresos entre los sectores altos y bajos se redujo en el último año de 36 a 31 veces, si bien la capacidad de compra del salario aún está por debajo de los previos a la crisis del 2001. Asimismo, el índice de pobreza disminuyó del 54% de la población que se registraba en el 2003 al 31,4 por ciento en mayo de este año.

Frente a este cuadro de situación, no hay que dejar de lado el efecto directo que la inflación produce sobre la masa de los asalariados, ya que produce una transferencia directa de ingresos hacia los sectores formadores de precios.

No alcanza sólo con lograr un crecimiento del Producto Bruto Interno durante varios años consecutivos si no se lo acompaña con un programa de medidas que permitan que ese incremento de la riqueza producida se reparta en forma más equitativa.

Es por eso que en el marco de la lucha distributiva entre los distintos sectores hay que avanzar hacia la recomposición de la situación laboral a través de la generación de empleo, la disminución del trabajo informal, la mejora en la calidad de los trabajos y la discusión de los sueldos en el marco del Consejo del Salario.

Todo ello, sumado a un régimen impositivo más distributivo y menos regresivo, al control de la inflación y la generación de políticas de contención social permitirán avanzar hacia una sociedad menos fragmentada y más inclusiva, con políticas de Estado que resulta imperioso sostener a mediano y largo plazo.

Ese es el desafío que tiene en el tiempo el programa de gobierno del presidente Néstor Kirchner, si es que pretende lograr el plafón político suficiente para consolidar su proyecto económico.

Para intentar responder a la pregunta del título, procuremos definir primero que entendemos por proyecto nacional. Proponemos enterlo como una visión compartida sobre las estrategias a seguir durante un proceso histórico para alcanzar metas deseables en el desarrollo del país. En este sentido, se trataría de una anticipación de un futuro posible, un programa de realización de aspiraciones comunes a la mayoría de los habitantes, que se sustentaría en consensos amplios y consistentes en el tiempo.
Por ejemplo, en una época, la visión compartida por la mayoría de los argentinos era que las ventajas naturales del país como productor de alimentos bastaban para sus­tentar un futuro promisorio y que, por lo tanto, no se requerían esfuerzos especiales para desarrollar una industria autónoma. Todo se podía comprar afuera, en especial en Inglaterra, a cambio de nuestras carnes y nuestros cereales. Era la “Argentina, gra­nero del mundo”, en la que “una buena cosecha arregla todo”.
La referencia al proceso histórico intenta destacar que se trata de una visión estratégica enmarcada en una época de la evolución mundial y del propio país, entre otras razones porque nadie se propone tareas que no esté en aptitud de resolver o que demanden herramientas que todavía no existen y ni siquiera se imaginan. Pero, además, de que las trasformaciones que se procuran se completarán quizás en algunas décadas.
Las metas deseables de nuestra definición tentativa, indican que la determinación de cuáles podrían ser los objetivos planteados como resultados a lograr, es una convención. En un país puede ser lograr un nivel promedio de calidad de vida, alto y semejante para todos, como en algunas naciones nórdicas. En otro, el acento puede estar puesto en asegurar niveles de excelencia en la innovación tecnológica aplicada a la industria.

Cuando en Argentina se comenzó a gestar un modelo de desarrollo basado en la industrialización sustitutiva de importaciones, no importaba tanto qué calidad tuviera inicialmente el producto de nuestras fábricas, cuanto que se hubiera realizado aquí y, en lo posible, recogiera innovaciones locales. Para sustentarlo se contaba con los abundantes recursos que proveían las exportaciones agropecuarias, las que posibilitaban pagar las maquinarias e insumos de una industria orientada al mercado interno, que crecía por la expansión del consumo de los sectores asalariados.
Para realizar esa transacción de recursos del agro a la industria, mediaba el estado, que regulaba el comercio exterior y el mercado de cambios y se apropiaba de parte de la renta agraria mediante impuestos específicos que sustentaban fuertes políticas redistributivas, vía servicios sociales universales (hospitales y escuelas públicas, por caso)
¿Por qué hablamos de proyecto nacional? Lo de nacional remite al ámbito de realización de esos objetivos, pero a la vez, subraya una de las metas: consolidar e incrementar la autonomía del país en la determinación de sus propósitos. No siempre un proyecto de país es un proyecto nacional. Cuando para asegurar el acceso de las carnes argentinas al mercado inglés, los gobiernos oligárquicos resignaban espacios de autonomía nacional, al extremo que se felicitaban porque se podía considerar al país como una colonia más del Imperio Británico, su proyecto de país, el país que querían para su beneficio, no era una nación autónoma. Desde temprano en nuestra historia se dieron esas asociaciones entre las élites del poder terrateniente y potencias extranjeras, que operaron en beneficio de reforzar una y otra hegemonía.
Al formular como pregunta la posibilidad de un nuevo proyecto nacional, queríamos llamar la atención sobre una circunstancia: no en toda época es posible que una visión compartida encarne en actores sociales capaces de sustentar la progresiva búsqueda de las metas deseables a lo largo de un proceso histórico. Por ejemplo, el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones tuvo, sólo después de iniciados los procesos de industrialización, los actores sociales interesados en defenderlo. Lo desató la circunstancia fortuita de la guerra entre las naciones centrales, nuestras proveedoras de artículos industriales, que no pudieron mantener abastecido a nuestro mercado. Cuando se normalizó la industria europea, ya había en Argentina obreros industriales sindicalizados y centrales de patrones de la industria que ejercían sus presiones específicas para asegurar la continuidad de un proceso en el que se beneficiaban directamente.
¿Es posible volver a ese modelo? Tal como se había implementado, con industrias básicamente en manos de capitales extranjeros, que garantizaban su renta por la existencia de un mercado cautivo, al que abastecían con productos tecnológicamente atrasados y que realizaban parte de sus ganancias mediante el acceso privilegiado a recursos públicos, ese modelo de desarrollo industrial estaba en crisis a principios de los setenta, porque no daba ya las respuestas requeridas por la necesaria modernización del país y no lograba los consensos suficientes para sostenerse.
La división entre los actores populares respecto de las alternativas a seguir para enfrentar la crisis, facilitó el golpe de la oligarquía, que rediseñó el país a la medida de sus intereses y tomó los recaudos suficientes para protegerlos en el futuro. El programa de des industrialización y endeudamiento externo fuerte y deliberado, junto a la fuga masiva de capitales, produjo un cerco de imposibilidades y obligaciones orientado a disminuir la autonomía del país. Se pretendió y se logró en gran medida, colocar a Argentina bajo un obligado gerenciamiento externo.
Los sucesos del 19 y 20 de diciembre de 2001 precipitaron la implosión de ese proyecto de país. Si es un error sobredimensionar la significación de estos acontecimientos, también sería riesgoso devaluarla: impusieron un viraje que se debe afirmar todavía, en un contexto donde la correlación de fuerzas entre el campo popular y la derecha sigue siendo desfavorable a las mayorías.
Desde entonces el país atraviesa una transición. Cada vez más alejado de la lógica precedente, sin haber roto enteramente con ella y sin que aun se afirme el proyecto alternativo, en la medida que no ha encarnado todavía en los actores político sociales concretos que deben sustentarlo. La posibilidad abierta de un nuevo proyecto nacional depende, para concretarse, de la recuperación del movimiento popular.
La necesidad de pensar un nuevo proyecto nacional surge de tres imperativos. Uno, el hartazgo popular expresado el 19 y 20 de diciembre de 2001. Fue otro nunca más, sustentado en una colectiva desobediencia civil espontánea, que mostró al sistema político-institucional desnudo de representación. Y aunque, pasado un tiempo, este y aquel otro nunca más al terrorismo de estado, pudieran parecer ya sin su fuerza fundacional, una y otra vez la sociedad se los reapropia y los vuelve a situar como los puntos de partida de cualquier empresa colectiva a futuro. Las jornadas del 19 y el 20 sirvieron para rescatar algo que habíamos olvidado de la Revolución de Mayo: el pueblo es el soberano y si los mandatarios no gobiernan de acuerdo con su voluntad, puede revocarles el mandato, sin sujetarse a reglas jurídico-constitucionales.
El otro imperativo es el de la inclusión. Argentina no tolera estos niveles de desigualdad entre sus ciudadanos. Por suerte y gracias al trabajo cotidiano de un conjunto de movimientos de trabajadores desocupados, de organizaciones políticas populares, de asambleas barriales y a la densa trama de la solidaridad social, el hambre y la miseria de millones de hermanos no se han naturalizado todavía. Hasta tanto no esté resuelto este problema, la democracia argentina estará en emergencia. Incluir a los excluidos es de por si pensar un nuevo país.
Por último, es imperativo pensar un nuevo proyecto nacional, porque el mundo ha cambiado profundamente en lo político, en lo económico y en lo cultural. Si asumimos creativamente los desafíos que nos plantea en todos los órdenes el nuevo escenario internacional, Argentina podrá desarrollarse, consolidar su democracia, asegurar el bienestar a todos sus habitantes y contribuir a la unidad regional.

Si se trata de responder a la voluntad popular, de asegurar la inclusión social y de adecuarse a un mundo cualitativamente diferente, ni el viejo modelo de la industrialización sustitutiva de importaciones ni el ya agotado de valorización financiera del capital, son la respuesta.